Un caso que ha comenzado a generar indignación en la comunidad ha salido a la luz en San Luis Río Colorado, donde un menor de 17 años ha denunciado haber sido víctima de abuso.
Lo más delicado del asunto es que el señalamiento es directo: los presuntos responsables serían elementos militares. La denuncia ya fue presentada de manera formal, y detrás de ella hay una madre que no ha dejado de exigir justicia.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo las autoridades?
Lejos de brindar protección al menor o garantizar transparencia en la investigación, lo que ha llamado la atención de ciudadanos es la presencia de vigilancia… pero en el domicilio de los acusados.
Sí, así de claro.
Mientras la víctima y su familia enfrentan el proceso, la patrulla permanece firme, no como medida visible de resguardo para quien denuncia, sino como una aparente protección para quienes han sido señalados.
En medio de todo esto:
SEDENA guarda silencio.
La Fiscalía no da declaraciones.
Y la incertidumbre crece.
Este caso no solo duele por la gravedad de la denuncia, sino por el mensaje que deja: cuando las instituciones no actúan con claridad, la desconfianza crece y la justicia parece lejana.
Hoy, más que nunca, la comunidad observa.
Y exige respuestas.